Lo que verdaderamente importa
Por Mtra. Fanny Omaña
Periodista | Especialista en Derechos Humanos | Educadora
“Proteger a la infancia jamás debería significar desproteger a quien educa. Escuchar una denuncia es una obligación; condenar sin investigar es una injusticia.”
Mientras ordenaba materiales, cuadernos y algunas notas para el próximo regreso a clases, pensé en todo lo que vuelve con nosotros a las aulas y en aquello que, silenciosamente, también se ha ido perdiendo. No sólo regresan los alumnos, los horarios, las reuniones y los pendientes. Regresan también los conflictos, las exigencias, los reclamos y, en demasiadas ocasiones, esa facilidad con la que hoy se juzga, se acusa y se lastima el nombre de una persona antes de conocer siquiera toda la historia.
Me quedé pensando en algo que resulta doloroso admitir para quienes hemos hecho de la educación una parte importante de nuestra vida: entre injurias y reclamos se debate hoy la dignidad de las personas cuando la educación fracasa en una de sus tareas más elementales: enseñarnos a escuchar, respetar, dialogar y buscar la verdad antes de condenar. Es cruel decirlo, pero más cruel sería cerrar los ojos ante una realidad que comienza a instalarse en nuestras comunidades escolares.
Porque algo está ocurriendo cuando un padre de familia deja de ver al maestro como aliado y comienza a verlo como adversario; cuando un docente siente temor de corregir, establecer un límite o intervenir en un conflicto; cuando una autoridad, ante la primera inconformidad, parece preocuparse más por contener el problema que por esclarecer los hechos, y cuando el prestigio construido durante años puede ponerse en entredicho en cuestión de minutos.
No hablo de proteger conductas indebidas. Un maestro que humilla, agrede, abusa o vulnera los derechos de un estudiante debe responder por sus actos. Los derechos de niñas, niños y adolescentes son irrenunciables. Hablo de algo distinto y también necesario: de la justicia que debe existir antes de señalar culpables y de la dignidad que merece quien entra todos los días a un salón de clases dispuesto a educar.
A unos días del regreso a las aulas, esa reflexión adquiere especial importancia. El próximo 31 de agosto inicia oficialmente el ciclo escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria, con un calendario de 185 días de clases. Antes, del 24 al 28 de agosto, las y los docentes participarán en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE). Y quizá, más allá de útiles, uniformes y calendarios, deberíamos hacernos una pregunta profundamente humana: ¿qué está pasando con la educación de nuestro país cuando quienes deberían educar juntos comienzan a mirarse desde la sospecha? (SEP).
Hasta esta fecha, la última estadística nacional consolidada disponible en el portal de la Secretaría de Educación Pública corresponde al ciclo 2024-2025. En educación básica se registraron 23 millones 358 mil 341 alumnos, 1 millón 237 mil 782 docentes y 231 mil 913 escuelas. En todo el Sistema Educativo Nacional fueron 34 millones 370 mil 623 estudiantes y 2 millones 180 mil 559 docentes. No debemos presentar esas cifras como matrícula definitiva de 2026-2027, pero sí nos permiten dimensionar la enorme responsabilidad educativa que nuevamente está por ponerse en marcha. (SEP-DGPPyEE).
Tampoco estamos regresando a un currículo completamente nuevo. El marco curricular continúa siendo el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, del que la SEP publicó una segunda edición en 2025, dentro de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Su estructura incorpora campos formativos, ejes articuladores, integración curricular, trabajo por proyectos y codiseño para contextualizar los contenidos de acuerdo con las realidades de las comunidades. La aspiración es necesaria: una educación humanista, crítica, comunitaria e incluyente. Pero todo modelo educativo termina enfrentándose a una prueba mucho más exigente que cualquier documento oficial: la realidad cotidiana del aula.
Y esa realidad sigue mostrando carencias difíciles de justificar. Las últimas estadísticas oficiales señalan que, entre las escuelas públicas consideradas por la SEP en educación básica, 41.5% dispone de conexión a internet, 81.8% cuenta con agua potable y apenas 24.9% tiene infraestructura adaptada para personas con discapacidad. A ello se suma un dato que obliga a mirar con mayor respeto la complejidad del trabajo docente: 47 mil 780 primarias, equivalentes al 49.6% del total nacional, funcionan bajo organización multigrado o unitaria y atienden a 1 millón 905 mil 106 estudiantes. (SEP-DGPPyEE).
Entonces quizá deberíamos ser más cautelosos antes de repetir que “los maestros no trabajan”, que “tienen demasiadas vacaciones” o que los problemas de la educación mexicana pueden atribuirse simplemente a la falta de compromiso de quienes están frente a grupo. En mayo de 2026, el Gobierno Federal anunció un incremento salarial de 9% para maestras y maestros; la SEP también ha anunciado para el ciclo 2026-2027 la eliminación de diversas cargas administrativas para liberar tiempo destinado a la enseñanza. Al mismo tiempo, la sustitución de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) continúa en construcción mediante un proceso de consulta anunciado por la propia autoridad educativa. Son medidas que deben reconocerse, pero revalorizar al maestro no consiste únicamente en mejorar su salario, disminuir formularios o modificar los mecanismos de promoción. Revalorizarlo también significa proteger su dignidad profesional y darle certeza frente a un conflicto.
Hay maestras y maestros extraordinarios y también los hay que incumplen su responsabilidad, como ocurre en cualquier profesión. Quien agreda, humille, abuse o vulnere los derechos de un estudiante debe ser investigado y, si su responsabilidad se acredita, sancionado conforme a la ley. En eso no puede haber titubeos. Los derechos de niñas, niños y adolescentes son irrenunciables. Pero justamente porque hablamos de derechos humanos debemos recordar uno de sus principios esenciales: reconocer los derechos de una persona no exige anular los de otra. Proteger a un niño y garantizar que un maestro pueda defenderse frente a una acusación no son propósitos incompatibles.
Y aquí comienza una conversación incómoda que el sistema educativo mexicano necesita afrontar. Una denuncia debe ser escuchada y atendida; cuando existe riesgo para un menor, las autoridades tienen la obligación de actuar. Pero una medida preventiva no debería transformarse automáticamente en sentencia administrativa, laboral o social. En tiempos de redes sociales, un señalamiento puede extenderse mucho antes de que una investigación determine qué ocurrió. Una acusación puede difundirse en minutos; recuperar un nombre puede tomar años.
Existe un precedente particularmente ilustrativo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el Amparo Directo en Revisión 3168/2021, la Segunda Sala estudió el caso laboral de un profesor de educación física de preescolar separado de su empleo después de un señalamiento relacionado con una alumna. La Corte no determinó que la madre hubiera mentido ni resolvió que la acusación fuera falsa. Estableció algo jurídicamente distinto y fundamental: el testimonio de la madre tenía valor, pero no podía equipararse al testimonio directo de la niña ni adquirir por sí solo fuerza de prueba plena. La Sala consideró además que los elementos existentes eran insuficientes para generar convicción sobre la conducta que había motivado el cese y ordenó reponer el procedimiento para allegarse de mayores elementos, sin revictimizar a la menor. (SCJN).
Esa resolución merece ser leída con atención porque no coloca al maestro por encima de la infancia ni a la infancia por encima de la justicia. Obliga a la autoridad a hacer algo mucho más difícil que simplemente tomar partido: investigar correctamente. Proteger a niñas y niños, escucharles mediante procedimientos apropiados y, simultáneamente, garantizar que una persona trabajadora no pierda su estabilidad laboral sin una demostración razonable y suficiente de los hechos. Ahí está una de las claves de esta discusión: no tenemos que escoger entre proteger a la infancia y respetar al maestro; tenemos que construir procedimientos capaces de proteger a ambos mientras se busca la verdad.
También existen casos conocidos a través de investigaciones periodísticas. N+ documentó en 2024 la historia de Claudia Karina Reyes, maestra de preescolar de Ecatepec que pasó casi dos años encarcelada después de ser acusada de abuso sexual contra una alumna. Su defensa sostuvo que análisis psicológicos, videograbaciones y otros elementos contradecían la acusación y afirmó haber demostrado falsedades en testimonios. Es importante expresarlo exactamente así: se trata de lo reportado por el medio y de lo sostenido por la defensa, no de una afirmación que podamos convertir, sin revisar integralmente la resolución judicial correspondiente, en una verdad jurídica definitiva. Sin embargo, su historia deja una pregunta que rebasa cualquier expediente: ¿quién devuelve el nombre después de que la sospecha recorrió una comunidad escolar?
Y aquí debemos detenernos ante una ausencia de información que también resulta reveladora. No localicé en las fuentes oficiales nacionales consultadas un registro público que permita establecer cuántas acusaciones contra docentes han sido deliberadamente falsas. Inventar una cifra sería cometer el mismo error que estamos cuestionando: afirmar sin pruebas. El Occidental reportó en mayo de 2025 que en Jalisco se habían presentado alrededor de 400 denuncias contra docentes y que 90% no procedieron. Pero “no proceder” no significa automáticamente que alguien haya mentido: puede obedecer a insuficiencia probatoria, cuestiones procesales u otras circunstancias.
En el Estado de México, información obtenida mediante transparencia y publicada por Milenio reportó 59 denuncias contra docentes por presuntos actos de acoso en 2024, 71 en 2025 y 17 hasta el 24 de marzo de 2026, sin que la autoridad consultada informara cuántos casos concluyeron en sanción. Precisamente por eso resulta indispensable distinguir entre denuncia, investigación, insuficiencia de elementos, responsabilidad acreditada y acusación deliberadamente falsa. No significan lo mismo.
El problema ha llegado incluso al Congreso de la Unión. Una iniciativa propone crear un Protocolo Nacional de Prevención, Atención y Resolución de Situaciones de Riesgo, Violencia o Conflicto Escolar, mientras que otra plantea incorporar a la Ley General de Educación disposiciones específicas de protección de maestras y maestros en ejercicio de su función docente. Debemos precisar que se trata de propuestas legislativas y no de nuevos derechos ya incorporados a la legislación vigente.
Tampoco sería correcto afirmar que un maestro carece absolutamente de herramientas jurídicas para defenderse. Existen procedimientos laborales, administrativos y constitucionales, incluido el juicio de amparo. El problema es que muchas veces esas herramientas operan cuando parte del daño ya ocurrió: pudo existir una separación preventiva, la comunidad pudo conocer la acusación, el nombre pudo circular en redes y la relación entre docente, familia y escuela pudo quedar fracturada. Por eso sigue siendo necesario discutir procedimientos claros que protejan inmediatamente a la niñez cuando exista riesgo, garanticen investigaciones profesionales y, al mismo tiempo, preserven el debido proceso de la persona señalada.
Las familias, además de derechos, tienen responsabilidades. La escuela no puede convertirse en adversaria de los padres ni los padres en adversarios permanentes de la escuela. Educar requiere una alianza que hemos ido debilitando. Cuando una familia delega completamente la formación de sus hijos en la escuela, cuando una autoridad desautoriza al maestro antes de escucharlo, cuando el docente comienza a guardar silencio para evitar problemas y cuando cualquier límite se interpreta inmediatamente como confrontación, todos comenzamos a perder.
Mientras discutimos currículo, salarios, USICAMM, infraestructura, tecnologías y reformas, no olvidemos quién entra cada mañana al salón. Entra un niño que merece protección, una adolescente que merece ser escuchada y una familia que tiene derecho a exigir una educación digna; pero también entra una maestra o un maestro con nombre, familia, trayectoria profesional, dignidad y derechos.
El docente no debe ser intocable, pero tampoco puede ser culpable por anticipado. Necesitamos instituciones suficientemente firmes para investigar y sancionar al maestro que vulnere a un estudiante, pero también suficientemente justas para proteger a quien sea acusado sin elementos suficientes y capaces de reparar, hasta donde sea posible, aquello que una imputación no acreditada haya destruido. El día que una escuela tenga miedo de escuchar a un niño habremos fracasado; pero el día que un maestro tenga miedo de corregir, orientar, establecer límites o intervenir ante un conflicto porque sabe que una acusación puede acabar con años de trabajo antes de que alguien investigue qué ocurrió, también habremos fracasado.
El 31 de agosto volverán a abrirse las puertas de las escuelas. Ojalá no regresemos solamente a clases. Ojalá volvamos también a preguntarnos qué país estamos educando, qué condiciones estamos ofreciendo a quienes enseñan, qué responsabilidad corresponde a las familias y qué instituciones estamos construyendo para proteger a nuestros niños, a nuestros maestros y, por encima de cualquier interés, a la verdad.
Porque una nación que debilita a sus maestros termina debilitando su propia educación, y una sociedad que confunde una denuncia con una sentencia puede terminar cometiendo injusticias mientras cree estar combatiéndolas.
Proteger a nuestros niños es indispensable. Proteger la dignidad de quienes los educan, también.
Eso es, al final, lo que verdaderamente importa.
