El ejemplo también gobierna
Por Mtra. Fanny Omaña
Periodista | Especialista en Derechos Humanos | Educadora
««La calidad de una sociedad no se mide únicamente por sus leyes, sino por el ejemplo de quienes tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir.»»
Mientras deslizaba una y otra vez el dedo sobre la pantalla de mi teléfono, se dibujaba ante mí un México que duele; un San Luis Potosí que desalienta, preocupa y, por momentos, parece apagar la esperanza. Homicidios, desapariciones, violencia familiar, corrupción, accidentes provocados por la irresponsabilidad, enfrentamientos y una interminable lista de hechos que, más que informarnos, terminan por lastimarnos como sociedad.
Entonces me hice una pregunta que quizá todos deberíamos plantearnos: ¿en qué momento comenzamos a aceptar esta realidad como si fuera inevitable?
Vivimos en un país donde la violencia ha dejado de ser un hecho extraordinario para convertirse, peligrosamente, en parte de la vida cotidiana. Cada día conocemos nuevos casos de homicidios, desapariciones, violencia familiar, corrupción, extorsiones y otros delitos que vulneran la tranquilidad de millones de personas. Lo más preocupante no es solamente la persistencia de estas conductas, sino la capacidad que hemos desarrollado para normalizarlas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población mexicana. A ello se suma una realidad igualmente alarmante: gran parte de los delitos no se denuncia debido a la desconfianza hacia las autoridades, al temor de las víctimas o a la percepción de que hacerlo no producirá resultados.
Cuando una sociedad deja de creer en sus instituciones, el problema ya no es únicamente de seguridad. También es de legitimidad, de gobernabilidad y de confianza pública.
San Luis Potosí tampoco escapa a esta realidad. De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 se contabilizaron miles de carpetas de investigación por violencia familiar y robo, además de homicidios dolosos, delitos sexuales y casos relacionados con el narcomenudeo. A estas cifras se suman hechos que han marcado a la sociedad potosina: feminicidios, desapariciones de personas, ataques armados en diferentes municipios y accidentes viales vinculados con la imprudencia o el consumo de alcohol.
Detrás de cada carpeta de investigación existe una historia que no puede reducirse a un número: una familia que enfrenta el dolor, una mujer que vive con miedo, una persona que no regresó a casa, una comunidad que modifica sus hábitos y una ciudadanía que pierde, poco a poco, la confianza en las instituciones responsables de protegerla.
Pero la violencia no comienza cuando se abre una carpeta de investigación ni cuando el caso aparece en los titulares. Se origina mucho antes: cuando en el hogar se normalizan los gritos y las agresiones; cuando en la escuela se tolera el acoso; cuando en los espacios laborales se permite el abuso; cuando la corrupción deja de indignarnos; cuando el insulto sustituye al diálogo y cuando, desde el poder público, la confrontación desplaza la construcción de acuerdos.
Gobernar implica mucho más que administrar recursos, inaugurar obras o pronunciar discursos. Significa conducir una sociedad mediante decisiones responsables, instituciones confiables y una conducta congruente. Quien ejerce un cargo público también transmite valores. Cada declaración, cada decisión y cada acción comunican una manera de comprender el servicio público.
Las familias constituyen el primer espacio donde se aprenden los valores. Las escuelas los fortalecen mediante el conocimiento, el diálogo y la convivencia. Sin embargo, ninguna estrategia educativa será suficiente si el mensaje que proviene de las instituciones contradice aquello que se intenta enseñar.
¿Cómo pedirles a niñas, niños y jóvenes que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo cuando observan que sus autoridades recurren constantemente a la descalificación? ¿Cómo enseñarles el valor de la legalidad si quienes ejercen el poder parecen colocarse por encima de las normas? ¿Cómo hablarles de honestidad cuando la corrupción continúa apareciendo como una constante en distintos ámbitos de la vida pública?
La ciudadanía observa. Las niñas y los niños observan. Los adolescentes aprenden. Y, tarde o temprano, la sociedad reproduce aquello que presencia de manera cotidiana.
Hoy observamos una constante que atraviesa distintos espacios de la vida nacional y local: corrupción, impunidad, polarización política y falta de acuerdos. Mientras los diferentes órdenes de gobierno privilegian la confrontación sobre la colaboración, los problemas cotidianos permanecen sin solución y la confianza social continúa deteriorándose.
Cuando las diferencias partidistas se colocan por encima del interés colectivo, quienes terminan pagando las consecuencias son siempre los ciudadanos. La seguridad, la movilidad, el acceso a la justicia, el medio ambiente, la educación y la protección de los derechos humanos no deberían depender de rivalidades políticas. Son responsabilidades públicas que exigen coordinación, profesionalismo y compromiso con el bien común.
Ante este panorama surge una pregunta inevitable: ¿cómo construir una sociedad más crítica, más humana y mejor orientada?
La respuesta difícilmente llegará únicamente con más leyes, más patrullas o sanciones más severas. La paz no puede imponerse por decreto. Se construye desde la prevención, la educación, la cultura de la legalidad, la participación ciudadana, la atención a las desigualdades y la congruencia de quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
Una sociedad crítica no es aquella que descalifica todo, sino la que se informa, analiza, pregunta y exige rendición de cuentas. Una sociedad humana es aquella que no permanece indiferente frente al dolor de los demás. Y una sociedad bien orientada no es la que obedece ciegamente, sino la que participa de manera responsable en la construcción de soluciones.
Cada acto de honestidad fortalece la confianza. Cada decisión ética fortalece las instituciones. Cada muestra de respeto favorece la convivencia. Pero ocurre exactamente lo contrario cuando se normalizan la corrupción, el abuso de poder, la mentira, la impunidad o la descalificación permanente. El ejemplo, para bien o para mal, también educa.
Lo que verdaderamente importa es comprender que la violencia no surge de manera espontánea; es el resultado de decisiones, omisiones y ejemplos acumulados durante años. Del mismo modo, la paz tampoco aparece por casualidad: se construye todos los días con familias presentes, escuelas comprometidas, autoridades responsables, instituciones sólidas y ciudadanos que entienden que los derechos siempre van acompañados de obligaciones.
La transformación social no depende exclusivamente de los gobiernos ni únicamente de la ciudadanía. Requiere del compromiso de ambos. Quienes ejercen el poder tienen la obligación de gobernar con ética, transparencia y congruencia. Pero nosotros, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de educar con nuestro propio ejemplo, respetar la ley, participar, exigir cuentas y no permanecer indiferentes frente a aquello que daña a nuestra comunidad.
No podemos exigir integridad únicamente a quienes gobiernan si en nuestra vida cotidiana normalizamos pequeñas formas de violencia: la indiferencia, la descalificación, la falta de respeto, el incumplimiento de nuestras responsabilidades o la corrupción bajo el argumento de que «todos lo hacen». Los gobiernos también son el reflejo de la ciudadanía que los elige, los vigila y les exige rendición de cuentas.
Al final, la pregunta no es solamente qué país queremos heredar a las nuevas generaciones, sino qué estamos haciendo hoy para construirlo.
Porque las grandes transformaciones no comienzan únicamente en los gobiernos; comienzan en la conciencia de cada ciudadano. Y eso es, precisamente, lo que verdaderamente importa.
