DE FONDO
Fernando Díaz de León Cardona
Nadie podría negar que los hechos ocurridos en la Facultad de Derecho de la UASLP, que conllevaron a la violación agravante de una estudiante fueron indignantes, condenables y abominables, los cuales dieron un margen ampliamente justificado al repudio social, a la condena estudiantil y al rechazo de las propias autoridades universitarias.
De que hubo incumplimiento en el protocolo de seguridad, deficiencias en el rápido actuar, indolencia y oídos sordos a muchos casos denunciados, sí, si lo hubo. Que también es injustificado el involucramiento de gente extraña y la politización del tema, también es cierto y nadie podrá negarlo. La intervención de actores externos es evidente.
Tal cual telenovela barata, hemos observado, cómo dirigentes o militantes de partidos políticos, diputados locales, funcionarios estatales y hasta empresarios que vieron la oportunidad de obtener control y venganza han intentado meter las manos con disparates y propuestas que enrarecen aún más el clima universitario y político de la entidad.
De un delito del fuero común y que es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado FGE resolverlo, ha desencadenado en que si el Rector de la UASLP debe o no comparecer ante el Congreso del Estado. Otros más aventurados, hasta desearían que se le instaurara un juicio político. Vaya sandeces.
De un delito común, que no deja de ser delicado, se ha intentado evidenciar y violentar la autonomía universitaria. El IFSE habla de auditorías y la anticipación de castigos ejemplares a autoridades por su presunta negativa de revisar sus movimientos financieros.
Ciertamente autonomía no es sinónimo de impunidad y justo por ello está actuando la Fiscalía General del Estado. También es cierto que la UASLP no es una isla sino parte de toda la sociedad, pero no se deben confundir; principalmente los señores diputados, las autoridades del IFSE y alguno que otro oficioso que, para ser francos han actuado como porros profesionales queriendo crear confusión y meter en la polla a figuras como Juan Ramiro Robledo Ruiz y a la titular de la SEGOB Rosa Isela Rodríguez.
Si la intención de fondo es crear una cortina de humo para no pagar o hacerlo en “abonos chiquitos” lo que el estado debe por convenio legal liquidar a la UASLP a más tardar este 31 de octubre, es parte de la confusión y el caos generado a partir de los hechos registrados en la Facultad de Leyes.
De esto, resulta notorio como algunos se han encargado de confundir, distorsionar y de enredar más las cosas cuando en realidad son bastante claras. Me refiero al actuar del poder público, a la Secretaría de Finanzas y a algunos medios de comunicación visiblemente comprometidos.
Si en realidad las y los señores legisladores y legisladoras quieren dialogar con el Rector de la UASLP. Pues tan sencillo que se junten con el Consejo Directivo Universitario y discutan lo que tengan que discutir, lo que no se vale es que pretendan en su recinto cargarle las pulgas ajenas a la máxima autoridad de la universidad.
Es más, que se invite a la titular de Finanzas para que les explique la negativa de pagar o porqué debe ser en parcialidades pese al exhorto de la Secretaría de Educación Pública SEP, fechado el 20 de octubre de este año y en el que solicita la intervención del Ejecutivo para que se liquide el adeudo. En fin, la novela seguirá hasta que la parte interesada saque las manos.
Hasta pronto.
