Tras crisis política, Perú inicia ruta legal hacia nueva Constitución

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La reclamación de una nueva Constitución en Perú se plasmó en un proyecto de ley después de que la demanda adquiriese fuerza durante la crisis política de noviembre pasado, especialmente en las masivas manifestaciones que provocaron la caída del Gobierno de transición del efímero presidente Manuel Merino.

En el Congreso fue presentada una iniciativa legislativa para aprobar la celebración de un referéndum donde se consulte a la población si es partidaria de reemplazar la actual Constitución, vigente desde 1993 e impulsada por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El proyecto de ley fue presentado con el apoyo de un grupo de congresistas de izquierda, el sector que más tiempo lleva demandando una nueva Constitución, junto a otros parlamentarios de fuerzas como los ultranacionalistas de Unión por el Perú y los populistas de Podemos Perú.

Pese a que la demanda de una nueva Constitución parecía minoritaria antes de la crisis de noviembre, esta se ha ampliado aparentemente después de que los peruanos hayan visto cómo en Chile las masivas protestas populares se han traducido en un proceso para sustituir la Constitución impuesta desde 1980 por Augusto Pinochet.

En Perú se ha comparado la situación con el caso chileno, pues desde la izquierda se tilda de neoliberal la actual carta magna de Perú, elaborada por una asamblea surgida después de que Fujimori protagonizase el 5 de abril de 1992 un “autogolpe” de Estado donde disolvió el parlamento e intervino Fiscalía, judicatura y Tribunal Constitucional.

El proyecto de ley propone que la celebración del plebiscito coincida con las próximas elecciones generales, convocadas para el 11 de abril de 2021.

La consulta popular constaría de una única pregunta: “¿Aprueba la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar la nueva constitución política del Perú?”, para lo que solo se podrá responder con “SÍ” o “NO”.

En caso de que se celebrase el referéndum y ganase el Sí, el presidente electo tendría 90 días desde que asumiese la jefatura del Estado para convocar las elecciones para la Asamblea Constituyente, que se celebrarían en el segundo domingo de abril de 2022.

El actual presidente interino, Francisco Sagasti, se ha mostrado reticente a impulsar una nueva Constitución durante el Gobierno de transición que encabeza y ha considerado que debería ser una tarea para el presidente que resulte electo en los próximos comicios.