- Arturo Jaimes Núñez, encargado de despacho de la Dirección del Organismo, señaló que difundir información que no corresponde a los expedientes oficiales compromete la ética e imparcialidad que debe regir la fiscalización de los recursos públicos.
- En la Cuenta Pública 2024 existe una sola observación relacionada con el servicio de pipas, por una cifra muy inferior a la falsamente difundida por el titular de IFSE, misma que continúa en proceso de atención y presentación documental, sin que exista una resolución definitiva ni un daño al erario determinado.
SLP.- El encargado del Despacho de la Dirección General de Interapas, Arturo Jaimes Núñez, descalificó que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) difunda información que no corresponde a los expedientes oficiales de la Cuenta Pública 2024, al señalar que este tipo de declaraciones compromete la ética e imparcialidad que debe prevalecer en la revisión de los recursos públicos.
Precisó que, contrario a lo señalado públicamente por el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, en la Cuenta Pública 2024 existe una sola observación relacionada con la contratación del servicio de pipas, por un monto de 3.2 millones de pesos, cantidad considerablemente inferior a los 74 millones de pesos que se han difundido falsamente.
Jaimes Núñez aclaró que dicha observación continúa en proceso de atención, actualmente en una etapa de presentación y revisión documental, por lo que no existe una resolución definitiva que determine alguna irregularidad ni elementos para afirmar que se haya ocasionado un daño al erario.
Consideró que el uso de cifras que no corresponden a los documentos oficiales y su difusión fuera de contexto representa una afectación a las instituciones, pues debilita la confianza en los procesos de fiscalización y abre espacio a interpretaciones ajenas a la revisión técnica y objetiva de las cuentas públicas.
Finalmente, reiteró que Interapas mantiene plena disposición para atender los procesos de auditoría y presentar la documentación que sea requerida, siempre que estos se conduzcan con apego a la legalidad, objetividad e imparcialidad que deben regir la fiscalización de los recursos públicos.
