La propuesta presidencial busca proteger a las víctimas de este delito especialmente a los más vulnerables como los comerciantes
La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa para sancionar “un tipo penal básico del delito de extorsión” con cárcel de seis hasta 25 años según la agravante y multas de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir 56 mil 570 pesos, que también se incrementan.
“Esto permitirá que las entidades federativas y la Federación, puedan investigar y sancionar esta conducta bajo un amplio parámetro”, indica.
Ante las diversas modalidades en el este delito, el proyecto contempla 34 agravantes divididas en tres categorías, organizadas conforme a la gravedad de la afectación “al tipo de bien jurídico tutelado”.
Esto, para dotar “a las instituciones de seguridad y justicia de herramientas que les permita asegurar que estas conductas no queden impunes” y que incluso, pueden variar de acuerdo con cada una de las entidades federativas.
Por ello, se propone que, además de la pena prevista para el tipo penal básico, “ésta aumentará hasta en una tercera parte cuando se trate de conductas relacionadas con daños patrimoniales o que contemplen una menor lesividad en comparación con las otras agravantes”.
“Entre las agravantes que se proponen en este apartado destaca el cobro de piso, la imposición de precios a productos, bienes o servicios, la utilización del sistema financiero y cuando la conducta se cometa en contra de personas candidatas a un cargo de elección popular”. Esto significa penas de ocho a 20 años de prisión.
En la segunda categoría de agravantes, se prevén conductas por las que se aumentará la pena de una tercera parte hasta una mitad, cuando la extorsión se cometa en contra de personas migrantes, menores de 18 años, en estado de embarazo o mayor de 60 años de edad.
“De igual forma, cuando se coaccione a la víctima con el uso de información privada o el sujeto activo tenga una relación de confianza, entre otras”, apunta. Estos delitos van de nueve a 22 años, seis meses de cárcel.
La iniciativa propone una tercera categoría de agravantes con el objeto de incrementar la pena, “de la mitad hasta dos terceras partes más, en el caso de aquellas conductas que implican una grave afectación a la integridad de la víctima, el carácter de quien comete el delito, así como por el impacto económico y social”.
“Entre las agravantes que se sugieren en este apartado destaca el uso de violencia física, moral o psicológica, la simulación de un hecho de tránsito (“monta choques”), cuando se cometa por una persona servidora o exservidora pública, intervengan personas armadas, se utilicen a personas menores de edad o se afecte de manera directa la economía de alguna entidad federativa”. Estos delitos alcanzarían de 10 a 25 años de cárcel.
En cuando al conflicto entre la Fiscalía General República y las fiscalías o procuradurías locales, en delitos como “el cobro de piso”, que suele asociarse con delincuencia organizada, considerándose a la extorsión, por lo tanto, como un delito del fuero federal.
“Sin embargo, la Federación asume lo contrario, que es un delito del fuero común. Ello genera que las fiscalías locales se deslinden de investigarla, lo que detona conflictos de competencia, situaciones de impunidad y, lo más grave, que las víctimas sean relegadas y dejadas en estado de indefensión”, apunta.
La iniciativa presidencial promete “comprometerse con las víctimas, en particular a las niñas, niños y adolescentes, a las mujeres, a las personas de la tercera edad, a los comerciantes quienes son los que se encuentran en mayor vulnerabilidad ante los extorsionadores”.
Con información de Latinus
