Para quienes llevan años rastreando fosas, recorriendo oficinas gubernamentales y reconstruyendo expedientes, la reclasificación no representa una mejora metodológica, sino una decisión unilateral que podría reducir artificialmente la magnitud de la crisis
La nueva contabilidad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas presentada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum —que divide los casos en tres categorías: personas con datos insuficientes para su búsqueda, personas con actividad posterior a su desaparición y personas sin actividad a la fecha— ha generado una reacción inmediata y crítica de colectivos de familiares y buscadoras en distintos estados del país.
Para quienes llevan años rastreando fosas, recorriendo oficinas gubernamentales y reconstruyendo expedientes, la reclasificación no representa una mejora metodológica, sino una decisión unilateral que, advierten, podría reducir artificialmente la magnitud de la crisis.
“No te deja de dar coraje la forma con la que minimizan la situación porque de verdad estamos viviendo una crisis de desaparecidos, de madres que les han quitado la vida y personas desaparecidas todos los días y jóvenes. Ahora estamos trabajando con más víctimas jóvenes”, dijo Cecilia Flores, de la agrupación Madres Buscadoras de Sonora, al exigir la necesidad de una acción contundente de las autoridades para investigar y localizar a los miles de desaparecidos.
Grace Fernández, de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, cuestionó la falta de transparencia en la nueva metodología y el hecho de que los colectivos no hayan sido convocados para revisar los criterios. Señala que las familias son quienes han acumulado la experiencia en la búsqueda y quienes han exigido históricamente claridad en los registros, por lo que desconfían de cifras que no fueron construidas con ellas ni explicadas públicamente.
Para la activista, el temor es que el gobierno vuelva a implementar mecanismos que terminen presionando a las familias. “¿Cuáles son esos indicios que dicen que hay, cómo va a ser esa confirmación, van a volver a mandar a los siervos de la nación a acosar a las familias de estar ocultando a las personas desaparecidas o cómo le van a hacer en esta ocasión”, aseveró.
La preocupación también se extiende a la forma en que el Estado define quién es o no una persona desaparecida. Raúl Servín, de Guerreros Buscadores de Jalisco, advierte que el gobierno está presentando la información “a su manera”, dejando fuera casos que deberían formar parte del registro, como los secuestros u otras formas de desaparición. A su juicio, el problema de fondo es la negativa institucional a asumir plenamente la responsabilidad de buscar a todas las víctimas, independientemente de las circunstancias en que desaparecieron, lo que, afirma, vulnera el derecho de las familias a que sus seres queridos sean registrados y localizados.
En el norte del país, la crítica se enfoca en las contradicciones entre las cifras oficiales y la realidad forense. Silvia Ortiz, del Grupo Vida Coahuila, subraya que mientras el gobierno reduce el número de desaparecidos, existen en el país más de 70 mil cuerpos sin identificar, lo que evidencia una incongruencia en el manejo de la crisis.
Para Ortiz, minimizar el registro equivale a negar la existencia de miles de ciudadanos que no han regresado a casa, lo que considera un agravio hacia las familias que viven en incertidumbre permanente.
Los activistas buscadores entrevistados coinciden en un punto central: la nueva clasificación del Registro Nacional de Desaparecidos no puede construirse sin las familias ni al margen de la realidad que enfrentan en el territorio. Para los colectivos, la discusión no es sólo técnica ni estadística, sino humana, recuerdan que detrás de cada número hay una persona ausente y una familia que sigue buscando respuestas y justicia.
Con información de Latin Us
