NECESARIO AUMENTAR LAS SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS QUE DIFUNDAN IMÁGENES, VIDEOS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON UN PROCEDIMIENTO PENAL

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Luego de la aprobación de las reformas al Código Penal Federal por la Cámara de Diputados, que establece sanciones a los servidores públicos que difundan imágenes, videos e información relacionada con un procedimiento penal, la Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura, estará al pendiente del avance de esta reforma en la Cámara de Senadores, a fin de establecer las posibles homologaciones a la legislación local en la materia.

 

La presidencia de la Comisión de Justicia señaló que estás modificaciones, conocidas como ‘Ley Ingrid”, consisten en una reforma al artículo 225 del Código Penal Federal que impone de 4 a 10 años de prisión y multas de 100 a 150 días valor Unidad de Medida y Actualización a los servidores que “por sí o por interpósita (tercera o intermediario) persona, por cualquier medio o fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con alguna investigación penal”.

 

Con ello, se busca penalizar la revictimización que se produce a través de los servidores públicos al emitir información no autorizada.

 

También se logra proteger a las víctimas indirectas, es decir, a los familiares o seres queridos de quienes sufrieron algún ataque y que están expuestos a los contenidos que surjan sobre el tema.

Se indicó que una vez aprobadas las reformas por el Senado, se solicitara a las entidades federativas adecuen las leyes y normativas correspondientes para su implementación.

 

Se informó que la Comisión de Justicia se mantendrá atenta al proyecto enviado a la Cámara de Senadores, para establecer las acciones tendientes a la armonización del Código Penal del Estado, ya que se busca evitar que se vulneren los derechos de la víctima y de sus familiares e impedir que los procesos de investigación se vean contaminados por este

tipo de conductas que sean cometidas por servidores públicos.