Expertos advierten sobre riesgos políticos, institucionales y de concentración de poder en el acuerdo petrolero anunciado entre Caracas y Washington, que promete duplicar producción e inversión.
El histórico acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos genera cautela entre expertos a una semana de su anuncio. Aunque promete beneficios económicos para ambos países, persisten dudas sobre su verdadera magnitud, los retos de infraestructura en el país suramericano y los riesgos que implica dejar su ejecución en manos de una sola compañía, dirigida por un empresario cuestionado en varios países.
El convenio contempla la explotación de una quinta parte de los más de 303.000 millones de barriles que Venezuela tiene en reservas, las más grandes del mundo. Fue anunciado el 28 de agosto por autoridades venezolanas, cuya legitimidad cuestiona parte de la oposición, junto con la Administración estadounidense.
La presidenta interina Delcy Rodríguez aseguró que el acuerdo elevará de forma considerable la producción petrolera, actualmente en 1,2 millones de barriles diarios, menos de la mitad de lo que se extraía en 1998, antes de la llegada del chavismo. Por su parte, Donald Trump prometió duplicar las reservas petroleras estadounidenses, mermadas tras el conflicto con
El economista Asdrúbal Oliveros calificó el convenio como de una escala extraordinaria, pero advirtió que resulta prematuro evaluarlo como una realidad concreta. Según explicó, aún se desconocen detalles esenciales sobre la arquitectura contractual, el régimen fiscal y los compromisos reales de inversión, que se estiman en más de 100.000 millones de dólares a lo largo de 25 años.
El proyecto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con 65.000 millones de barriles y un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Oliveros insistió en que Venezuela necesita esa inversión para reactivar su industria, pero advirtió que lograrlo exige seguridad jurídica, infraestructura sólida y confianza sostenida de los inversionistas.
Riesgos políticos y voces críticas
El especialista alertó sobre el riesgo de que el acuerdo dependa únicamente del entendimiento político entre ambos gobiernos, sobre todo si se consideran concesiones que podrían extenderse hasta 100 años. Figuras opositoras como Henrique Capriles, Juan Pablo Guanipa y María Corina Machado cuestionaron el pacto, mientras el economista Ricardo Hausmann lo calificó de inconstitucional por involucrar a un gobierno que considera ilegítimo.
Los 17 campos fueron asignados a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que otorgó al Pentágono una participación accionaria del 35%. Un economista consultado, que pidió reserva de su identidad, advirtió que esto le confiere un poder inédito a la compañía dirigida por Alejandro Betancourt, empresario investigado en España y Suiza por presunto lavado de dinero y fraude fiscal, aunque defendido por Rodríguez y funcionarios estadounidenses.
Con información de La silla Rota
