Mónica Rangel tramita amparo contra orden de aprehensión

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En escrito presentado ante juzgado federal, revela que el pasado 6 de enero policías de investigación trataron de detenerla en la capital potosina.
La exsecretaria de Salud en el sexenio inmediato anterior del priista Juan Manuel Carreras López y excandidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez, promovió un amparo, luego que el pasado 6 de enero policías de Investigación intentaron ejecutar una orden de aprehensión en su contra en un domicilio de la capital potosina.
De acuerdo con escrito del Juzgado Segundo de Distrito se le concedió una suspensión provisional hasta en tanto se reciban los informes de la parte acusadora para determinar si se trata o no de un delito grave.
De acuerdo a documentos a los que este reportero tuvo acceso, a través de sus abogados, Rangel Martínez promovió el juicio de amparo por la posible orden de aprehensión en su contra, ante el Juzgado Segundo de Distrito, donde menciona como partes ordenadoras once juzgados de Control del Centro de Justicia Penal Regional de San Luis Potosí, tres juzgados de Control del Centro de Justicia Penal Regional de Ciudad Valles, un juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Regional de Tancanhuitz, un juzgado Control del Centro de Justicia Penal Regional de Rioverde y un juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Regional de Matehuala.
Como instancias ejecutoras de la orden de aprehensión menciona a los titulares de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), de la Dirección General de Persecución Penal y Análisis Criminal de la FGESLP, de la Policía de Métodos de Investigación de la FGESLP, al secretario y al director Seguridad Pública Estatal.
En su solicitud de amparo fechada el 7 de enero con sellos de recibido el 10 de enero a las 13:37 horas por el Juzgado Segundo de Distrito, Mónica Liliana Rangel relata que el 6 de enero dos policías de Investigación se presentaron en su domicilio al norte de la capital potosina para ejecutar una orden de aprehensión en su contra y que de ello tuvo conocimiento por parte de sus vecinos.
Alude que con ello se violan sus derechos constitucionales al no estar fundados y motivados los criterios para aprehenderla ya que “los razonamientos hechos por el tribunal no son del todo acabados o entendibles…”.
El Juicio de Amparo al que el Juzgado Segundo de Distrito le asignó el numeral 27/2022-III fue notificado a los diversos juzgados este mismo jueves 13 de enero donde les informan que la audiencia tendrá verificativo el próximo miércoles 19 de enero a las 09:50 horas y con fundamento en el Artículo 166 de la Ley de Amparo “se impone conceder la suspensión provisional solicitada” contra la orden de aprehensión y que la exfuncionaria no sea privada de su libertad hasta en tanto “la (s) responsables reciban la notificación que se dicte sobre la suspensión definitiva”.
Sin embargo, la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la capital potosina, Rosa Ojilvia Pérez Martínez precisa que hasta en tanto no reciba los informes de la parte acusadora, determinará si se trata de un delito grave o no y en el primero de los supuestos la suspensión provisional contra la orden de captura no surtirá efectos y Mónica Liliana Rangel podría seguir su proceso en prisión.
Cabe hacer mención que de acuerdo al vocero de la organización “Ciudadanos Observando” y miembro del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), José Guadalupe González Covarrubias, se trataría de una denuncia presentada por el actual Gobierno del Estado de José Ricardo Gallardo Cardona por presunto daño a la hacienda estatal en la Secretaría de Salud durante el sexenio anterior, por hallazgos de medicamentos apócrifos y/o caducados que se encontraron en las bodegas de la dependencia, entre otros hallazgos financieros.
Asimismo, mencionó que existe otra denuncia en contra de Mónica Liliana Rangel por parte de los directivos de la empresa Quick Change, donde está involucrado el empresario Gabriel “Gabo” Alan Salazar Soto, preso desde diciembre pasado por supuestamente defraudar a más de 100 accionistas a través de la empresa Invercop y al que se le sigue proceso por fraude genérico y asociación delictuosa.
En el caso de Quick Change, el vocero de la plataforma ciudadana detalló que “Gabo” Salazar utilizo a esa compañía de la que era contador para simular contratos de limpieza con la Secretaría de Salud estatal por 3 millones 200 mil pesos, servicio que alegan los empresarios nunca tuvieron conocimiento ni acceso a tal pago; sin embargo, desestimó que ese sea el origen de la orden de aprehensión en contra de la ex funcionaria carrerista ya que por información de los abogados de la empresa, ese caso aún está pendiente.
CON INFORMACION DEL EXPRESS