Fabricantes de armas pedirán que la Corte desestime la demanda de México

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Fabricantes de armas de Estados Unidos buscarán este martes que un juez federal de Boston desestime la demanda civil donde el gobierno de México los acusa de facilitar el tráfico de sus productos hacia los cárteles que operan en el país, lo que ha dejado miles de muertes en México.

Se espera que los abogados de esas compañías, entre ellas Smith & Wesson SWBI.O y Sturm, Ruger & Co RGR.N, pidan en una audiencia virtual al juez de distrito F. Dennis Saylor que deseche una novedosa demanda que México presentó en agosto por 10 mil millones de dólares.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las empresas de socavar sus estrictas leyes en materia armamentística al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar sabiendo que equiparían a los cárteles de la droga, estimulando asesinatos, extorsiones y secuestros.

La demanda argumenta que cada año se trafican a territorio mexicano más de 500 mil armas desde EU, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.

Las señaladas argumentan que el demandante no ha podido demostrar que el gasto financiero en que incurrió para la atención sanitaria, la aplicación de la ley y otros esfuerzos para hacer frente a la violencia con armas de fuego y que ésta sea atribuible a la acción de los fabricantes.

Las firmas estadounidenses, que no respondieron a solicitudes de comentarios, también argumentaron que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de su país les protege de las demandas por el mal uso de sus productos.

México, sin embargo, dice que esa ley sólo excluye las reclamaciones por lesiones en Estados Unidos y no protegería a las compañías de las acusaciones por el tráfico de armas hacia el crimen organizado.

Al respecto, autoridades mexicanas señalan que la mayor parte de las armas utilizadas en los homicidios registrados en el país fueron traficadas desde EU hacia los cárteles generadores de violencia.

Los fiscales generales demócratas de 13 estados junto con el Distrito de Columbia presentaron en enero escritos de apoyo a México, al igual que los países Antigua y Barbuda y Belice, que dijeron que los delitos violentos con armas habían perjudicado a América Latina y a las naciones del Caribe.

 

Reuters