El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó formalmente a los partidos políticos nacionales postular a por lo menos nueve mujeres para las 17 gubernaturas que se renovarán en el Proceso Electoral 2026-2027. El acuerdo se aprobó por una mayoría de nueve votos a favor y uno, el del consejero Uuc-kib Espadas Ancona, en contra. Aún no se sabe si este ordenamiento podría afectar o no una eventual candidatura de Enrique Galindo pero pone el tema a discusión. En el caso de San Luis Potosí, la fecha límite de definición es el 19 de enero de 2027.
Los partidos respaldaron la paridad pero manifestaron distintas observaciones, por ejemplo, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra, consideró que era excesivo que se les pida informar el género en cada entidad antes del arranque de las precampañas, pero con tiempos diferenciados en las entidades, implica que no puedan decidir en bloque como se les exige. Otros partidos señalaron que no tienen problema en el número establecido y que cumplirán a cabalidad.
Las claves principales de esta determinación contemplan lo siguiente:
- Acción afirmativa por número impar: Al renovarse un total de 17 gubernaturas (cifra impar), la distribución asigna obligatoriamente el espacio excedente al género femenino, fijando un mínimo de 9 candidatas mujeres y un máximo de 8 candidatos hombres.
- Bloques de competitividad: De acuerdo con lo establecido por el INE, los partidos no podrán destinar las candidaturas de mujeres exclusivamente a estados donde tengan baja votación histórica; deberán postularlas en condiciones electorales con posibilidades reales de ganar.
- Criterio sin excepciones: El mandato aplica tanto para las postulaciones individuales como para aquellas que se concreten por medio de coaliciones o candidaturas comunes. La decisión de cualquier partido de no competir en alguna entidad no reducirá la cuota mínima de nueve mujeres.
“Los Partidos Políticos Nacionales deberán postular, al menos, nueve mujeres en el conjunto de las 17 elecciones de gubernatura, tanto mediante candidaturas individuales como a través de coaliciones o candidaturas comunes. La decisión de no participar en alguna de esas elecciones no reducirá dicho mínimo”. Con esta última precisión, si algún partido decide no participar en una o más gubernaturas, esto no ajustará el mínimo de nueve mujeres, por lo que, el ajuste tendrían que hacerlo en los ocho hombres.
La consejera Carla Humphrey recordó que a pesar de que están obligados, la mayoría de los Congresos locales han sido omisos en legislar el tema y la brecha de oportunidad de las mujeres persiste, por lo que dejó claro que “la ausencia de normas específicas normativas no puede convertirse en un obstáculo para la efectividad del principio constitucional de paridad, por lo que corresponde al INE ordenar a los partidos políticos postular a mujeres en el 50 por ciento de las entidades que renovarán ese cargo”, tal como ya lo avaló la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Y recalcó que el INE tiene que cumplir con esta revisión para garantizar, más allá de las omisiones legislativas, que las mujeres tengan igualdad de acceso a los espacios de poder de primer nivel: “Con este, sumarán cinco acuerdos que desde 2020 se han aprobado por este instituto para garantizar el principio de paridad reconocido constitucionalmente, para que todos los órganos y niveles de gobierno sean integrados observando los principios de paridad. Éste es el único ente facultado para garantizar y vigilar el cumplimiento de paridad horizontal en la postulación de gubernaturas por parte de los partidos políticos nacionales”.
Sin embargo, Humphrey recalcó que este proyecto llega tarde, pues hay entidades que comienzan precampañas el 12 de noviembre, y señaló directamente como responsable a Araceli Hernández Gómez, de la Unidad de Igualdad de Género, que a quien se le pidió su renuncia por aparecer en fiestas con el proveedor Alfredo Hernández Casillas, recordó que ella dependía directamente de Guadalupe Taddei y que, incluso, le bloqueó información a las consejeras.
“Este proyecto debe haber sido puesto a consideración primero de la Comisión y luego de este Consejo General en el mes de junio y, por tanto, esto obviamente no ocurrió, ha habido distintos bloqueos institucionales, esta Unidad depende jerárquicamente únicamente de la Presidencia y los obstáculos para la consejera Rita Bell y para mí han sido evidentes para impulsar estos trabajos, a pesar de que desde que asumí esta presidencia el 10 de septiembre justamente impulsé, solicité este proyecto de acuerdo, lo hice primero con la ex titular de la Unidad, después en la mesa de consejerías, después por oficio, pues llegó apenas hace unos días”.
Los partidos respaldaron la paridad pero manifestaron distintas observaciones, por ejemplo, el representante del PAN consideró que era excesivo: “Determinar anticipadamente el género de una candidatura sin que haya concluido los procedimientos correspondientes puede generar incertidumbre e incluso condicionar decisiones que todavía no se encuentren dentro de los márgenes legales de deliberación partidista. Hay una inconsistencia temporal, se exige a los partidos informar decisiones definitivas cuando el propio marco jurídico todavía permite modificar legalmente y legítimamente las condiciones bajo las cuales habrá de competir. No podemos perder de vista que la definición de género de una candidatura se encuentra vinculada con el universo de postulaciones, los criterios de competitividad y los acuerdos que eventualmente se construyen mediante coaliciones o candidaturas comunes”.
