DE FONDO
Fernando Díaz de León Cardona
Con el inicio formal del proceso para renovar el Poder Judicial Federal, finalmente aspirantes a jueces y magistrados se presentan ya en sociedad. Antes sólo en su casa y en reducidos círculos sociales y legales eran conocidos. El proceso de cambio en este poder será mediante el voto popular en donde en teoría se decidirá quienes ocuparán los cargos.
Un poco en retrospectiva, ¿Era necesario que el poder judicial se reformara y se sometiera al escrutinio de la sociedad? En términos generales de exigencia social, corrupción e impunidad imperante sí. Ahora bien, si el cambio se hizo como un acto de venganza de AMLO, tal vez no, porque fue justamente en ese poder donde se frenaron muchas de sus iniciativas.
Al final del día las elecciones son un hecho. Su politización y manipulación es demasiado evidente con la intervención tanto de legisladores, funcionarios de gobierno y del propio poder judicial. Pensar que la elección no se politizaría o que no se pondría en riesgo por la presencia de grupos criminales o de interés resultaba ingenuo.
Por lo pronto, quienes aspiran a algún cargo dentro del poder judicial ya comienzan a hablar bonito y hasta han modificado su modo de andar. Que muchos de los candidatos son unos perfectos desconocidos o que otros cuentan con antecedentes no muy fiables, pues también es cierto. Aun así, tendrán que convencer a los electores a que se animen a salir a votar.
Lo deseable para la sociedad, sería que, quienes aspiren a algún cargo dentro del poder judicial federal o estatal, comiencen a reconocer y a hablar de la corrupción, del nepotismo y de posibles vínculos con el crimen organizado, con probables delincuentes comunes o de cuello blanco.
En estricto rigor, si desean ganarse la confianza del pueblo, deberán empezar por reconocer la corrosión que se alcanzó este poder y, sobre todo, decir como lo resolverían. No serán jueces o magistrados por sus caras bonitas sino por los compromisos que asuman frente a la sociedad en la administración de la justicia y la aplicación de la ley, no tienen de otra.
ENTRE PARENTESIS
Por fin, un gobernador agarró el toro por los cuernos y se decidió combatir la corrupción imperante que existe en algunas Notarías Públicas. La iniciativa o la propuesta de El Pollo es clara. Modificar la Ley del Notariado para impedir que se sigan cometiendo abusos y despojos que se cometen de manera dolosa, ventajosa y con mala fe resulta impostergable.
Que la nueva Ley deberá contemplar sanciones ejemplares para fedatarios que actúan con mala entraña, pues si, pero igual debe considerarse la forma en que llegan, de como lograron sus Notarías o de como llegaron. Todo mundo sabe que una Notaría es un premio a los preferidos o cercanos a un gobernador. Desde luego que existen excepciones.
De entrada, debería existir una profunda y exhaustiva revisión a las operaciones que se han hecho y, en donde exista la duda razonable de que se cometieron abusos para despojar a alguien de una propiedad que se le sancione retirándole el Fíat. También sería sano revisar sus tarifas u honorarios porque cada uno cobra lo que le viene en gana.
El diputado Héctor Serrano, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, fue lo suficientemente claro al señalar que la iniciativa que se revisa tiene como finalidad frenar el abuso doloso y de mala fe cometido por algunos Notarios Públicos. “No es un secreto el que se realicen operaciones ilícitas que terminan por despojar a alguien de una propiedad, por lo que es el momento de actuar”, lo dijo claramente.
Hasta pronto
