Toño Martínez
Para tener certidumbre en las promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la prohibición del fracking en la Huasteca, es necesario que esa decisión sea respaldada con un Decreto Presidencial, está demandando la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP).
Reconoció que el anuncio de la presidenta Sheinbaum Pardo para cancelar la fracturación hidráulica en la Cuenca Tampico – Misantla – dentro de la cual ubica la Huasteca Potosina, es un importante avance producto de la resistencia social, pero requiere de un instrumento jurídico, como el decreto, que garantice plenamente su aplicabilidad.
Dejó en claro el organismo que la lucha continuará rumbo a la prohibición constitucional del fracking y la protección del territorio.
Remarca que la presidenta de la República y el equipo de expertos en realidad es un avance parcial respecto a los objetivos del movimiento.
“Ahora esperamos que este anuncio se transforme en decreto que garantice su aplicabilidad jurídica en la protección del medio ambiente y en el ejercicio de los derechos humanos y colectivos de la población y pueblos y comunidades indígenas'”.
Queda pendiente sin embargo que esa técnica quede prohibida en todo el territorio nacional a través de una reforma constitucional, “por lo que exhortamos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a acelerar el debate y dictamen de la iniciativa de Reforma del Artículo 27 publicada en la Gaceta Parlamentaria el 19 de noviembre de 2025, cuyo contenido retoma la propuesta enviada por el entonces Presidente AMLO”.
Desde un punto de vista ético, admitir los daños socio-ambientales que provoca la fracturación hidráulica debe implicar su veto para garantizar la protección los diversos ecosistemas y la salud de las poblaciones en nuestro país. Las cuencas Sabinas y Burro Picachos, que involucran porciones territoriales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en las que se pretende pilotear a condición de que se use agua salada que no tenga conexión con acuíferos someros, abarcan 27,593 kilómetros cuadrados, en los que se asienta una población de 1.3 millones de personas, así como el pueblo indígena kikapú. Sus derechos, salud y ecosistemas también deben ser respetados.
“Por ello, continuaremos con las actividades asamblearias para el levantamiento de actas de asamblea comunitarias y actas de cabildo de no autorización de cambio de uso del suelo, así como realización de foros regionales de toma de acuerdos para la protección del territorio, el agua y la vida”.
Las asambleas comunitarias continuarán hasta alcanzar el 100 por ciento de las 367 comunidades incluidas en los polígonos de afectación; así como el impulso de sesiones de cabildo. Hasta hoy 15 municipios se han pronunciado en rechazo al fracking y por no autorizar cambio de uso del suelo. Solo faltan los municipios de San Vicente y Tampacán para cubrir la totalidad de los 17 municipios de la Huasteca Potosina con porciones territoriales incluidos en dichos polígonos.
