– Estado y municipios no aportan y se ampararon para obligarlos.
Toño Martínez
En un hecho histórico de justicia a pueblos originarios, y comunidades afro mexicanas el Gobierno Federal aprobó un presupuesto por 123 mil millones de pesos para su desarrollo integral, lo cual ha merecido el reconocimiento de los beneficiarios.
El recurso será aplicado este año 2025 y entregado directamente a las comunidades para su administración y que en asamblea decidan en que obras se ejercerá señaló Rogel del Rosal Valladares de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca.
El convenio presupuestario fue suscrito el 16 de este mes entre el Gobierno Federal, Estados y autoridades de los 1,475 Municipios del país; sin embargo en el caso de San Luis Potosí las comunidades teenek y nahuatl tienen nueve años solicitando que cumplan con aportaciones de ley y ante su renuencia tuvieron que promover demandas de amparo para obligarlos máxime que el dinero proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33 etiquetado para combatir la pobreza en sus diversas expresiones.
Rogel del Rosal Valladares dijo que el monto del presupuesto federal podría aumentar una vez que se apruebe y entre en vigor la Ley Secundaria del artículo 2o. de la Constitución.
Sin embargo, denunció la renuencia de gobiernos estatales y municipales para cumplir con las aportaciones que les tocan por derecho y a la apertura que tengan participar en la toma de decisiones sobre planes de desarrollo.
Expresó que el fondo federal constituye un salto cualitativo para dejar de depender de la voluntad de los municipios y sobre las puertas para los indígenas demuestren la gran capacidad que tienen para planear el desarrollo de los pueblos, explotar sus recursos naturales, crear empresas, programas de comercialización, organizar compras en alianzas para abaratar ptoductos y en otros campos.